Ecología
Hoy comienza oficialmente la Conferencia de la ONU Río+20 sobre desarrollo sostenible después de las negociaciones preliminares que desde hace días desarrollan representantes de Estados, Gobiernos y organizaciones ambientales y civiles de todo el mundo. Unas negociaciones que han desembocado en un acuerdo de mínimos publicado ayer, sobre el que se trabajará en los próximos días ya con la presencia de un centenar de mandatarios internacionales, que ha suscitado duras críticas desde todo tipo de sectores, principalmente ecologistas. Este documento parte de la reafirmación de los principios alumbrados en la Cumbre de la Tierra de 1992, también celebrada en Río, cuando los líderes firmaron tres convenciones internacionales sobre cambio climático y biodiversidad, así como la Agenda 21. Como en aquella ocasión, el nuevo documento establece que el desarrollo sostenible es una responsabilidad compartida por todos los países del planeta, aunque con diferencias en función de su nivel de desarrollo. Algo así como la pescadilla que se muerde la cola porque, al final, todos encuentran excusas precisamente para no asumir su cuota de responsabilidad, sobre todo los países emergentes que no aceptan que los occidentales les pongan unas trabas medioambientales que en su día ellos se saltaron a la torera.
Con la grave crisis económica que sufren muchos países occidentales, especialmente en Europa, el contexto actual parece marcar el ritmo sobre la cumbre y las premisas parecen ser evitar controversias y promover un consenso que evite polémicas y desencuentros sonados, aunque sea sobre unos mínimos que no conduzcan a nada. Resulta bastante complicado además pensar en acuerdos mundiales de calado, que de verdad supongan un cambio de rumbo, si tenemos en cuenta que no asistirán tres figuras clave como los líderes de EEUU, Barack Obama, Reino Unido, David Cameron o Alemania, Angela Merkel. Otros líderes, como el caso del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, tendrán únicamente una presencia testimonial, en su caso para hacerse la foto de familia y hacer un pronunciamiento en la segunda sesión de trabajo.
Una presencia, según afirman fuentes gubernamentales españoles, que se centrará en defender la apuesta española por la economía verde, aunque luego la realidad sea bastante contradictoria en ese sentido si atendemos a la moratoria a las renovables, las nuevas prospecciones petrolíferas y los evidentes riesgos medioambientales que conllevan, la dejadez en las políticas de eficiencia energética, la tijera a la Ley de Costas para abrir el grifo al ladrillo como fórmula para crear empleos, la marginación a la pesca artesanal, el apoyo a los transgénicos… y así un largo etcétera. Lo que se dice economía verde en estado puro desde luego…
Precisamente, este concepto de economía verde, uno de los dos ejes de la actual cumbre de Río junto al desarrollo sostenible, es uno de los puntos discordantes para muchas de las asociaciones ecologistas, que recelan del papel del capitalismo en la salida de la crisis medioambiental que vive el planeta. La crisis económica se está viendo como una oportunidad para la creación de mecanismos que promuevan acciones concretas hacia una economía verde, estimulando la creación de puestos de trabajo en sectores que fomenten el desarrollo sostenible y la adecuación de las relaciones económicas al medioambiente. En cualquier caso, ¿se trata de apostar por modelos que contribuyan a la protección del medio o se trata de medirlo todo en términos económicos?
Ya se ha sabido además que, de momento, se pospone la creación de una agencia de la ONU específica para temas de medio ambiente, que hubiese estado apoyada en el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA). Mientras que la UE es partidaria de convertirla en una agencia de mayor rango, parece que se han impuesto los recelos de EE UU a aumentar la financiación. Ante tantas pocas expectativas y en un intento de acallar las críticas, la ONU presentó esta semana una propuesta para establecer un nuevo un nuevo indicador para impulsar la sostenibilidad, el Índice de Riqueza Inclusiva (IWI, sigla en inglés), ya rebautizado como PIB verde. Un indicador que tendría en cuenta variables como el «capital manufacturado» (infraestructuras, bienes e inversiones), el «capital natural» (combustibles fósiles, minerales, bosques, pesquerías y tierras para la agricultura) o el «capital humano» (educación y habilidades).
Según este nuevo indicador aplicado entre 1990 y 2008, el IWI de países como China sería tan sólo del 45%, frente al 422% del PIB. EEUU pasaría del 37 al 13% y Brasil del 31 al 18%. De los 20 países analizados, Japón es el único que no redujo su capital natural en este período. Ahora falta que nos expliquen la aplicación práctica que tendrá este indicador, en caso de que salga adelante (que aún está por ver) y, sobre todo, si jugará un papel determinante para medir el poder y la capacidad de decisión de un Estado, en la misma medida que hoy en día el PIB mide los designios de la economía mundial.
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