En la tarde del pasado jueves 11 de octubre, miles de uruguayos, encabezados por cerca de 150 jinetes llegados del interior, marcharon por la arteria principal de la ciudad de Montevideo en defensa de los recursos naturales del país y en contra de proyectos que amenazan la supervivencia de los sectores tradicionales de producción y la salubridad del medio ambiente. La principal amenaza reside en Aratirí, un proyecto de megaminería con fines de exportación, propulsado por Zamin Ferrous, que se encuentra en su fase de exploración. Si el gobierno aprobara la explotación, el complejo minero, de 6.210 hectáreas, incluiría un mineroducto de 230 kilómetros de longitud y una terminal portuaria con un emisario submarino para el vertido de aguas. Tal y como sostiene el fiscal Enrique Viana, en pro de la preservación medioambiental del país, el desarrollo del proyecto causaría una devastación irreparable en zonas agropecuarias y costeras.
Tengamos en cuenta que hablamos de la destrucción masiva e irreversible de zonas de alto valor biológico y productivo, destinados en la actualidad a sectores tradicionales y sostenibles. Las hectáreas afectadas ascenderían a 150.000. Para la extracción harían falta 50.000 toneladas de explosivos al año, que traducido al lenguaje de lo tangible, equivaldría a una explosión cada 5 minutos, las 24 horas del día, los 365 días del año. La explotación de estas áreas para la obtención de hierro duraría unos 20 años, tiempo estimado para agotar dicho recurso. Para entonces, las áreas afectadas conformarían un desolador paisaje de cráteres de más que dudosa reconversión.
Más allá del obvio destrozo medioambiental, la explotación minera de la zona supondría expropiaciones y desplazamientos; afectando severamente a la identidad gaucha compuesta por productores rurales, rematadores, trabajadores de la carne, veterinarios, esquiladores, troperos y un largo etcétera de oficios asociados; así como a los vecinos y pequeños negocios turísticos tanto del interior como de las zonas costeras, conocidas por su belleza natural.
Esperemos que el actual gobierno sea fiel al emblema turístico del país, reconocido como “Uruguay Natural”, haciendo partícipes a los diferentes grupos de interés en la toma de decisiones, y cumpliendo con el artículo 47 de la Constitución uruguaya, que dicta lo siguiente: “Las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, tienen el deber de abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves del medio ambiente.”
Desde Ecotumismo, apoyamos sólidamente a las más de 30 organizaciones y miles de vecinos que se unieron a la marcha, sumándonos al clamor del cántico que aúlla que “La tierra no se vende, la tierra se defiende”.
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