Colombia está con casi toda probabilidad ante uno de sus mayores retos como país de su historia reciente. No se trata sólo de terminar con 50 años de guerra entre las FARC y el gobierno colombiano, sino de saber gestionar los importantes retos sociales y económicos que esta posibilidad conllevaría. El enfrentamiento armado más longevo de América, con más de seis millones de desplazados, más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos, no se termina y soluciona de la noche a la mañana.
El actual cese de fuego bilateral y definitivo ha dado paso a las primeras actuaciones encaminadas a sellar una paz duradera. Por ejemplo, esta semana han comenzado una serie de visitas técnicas por parte de una misión tripartida (compuesta por delegados de las FARC, el gobierno colombiano y la ONU) a las 23 zonas y ocho campamentos donde se concentra la guerrilla. El objetivo es comprobar cómo los acuerdos para el cese de la violencia y el abandono de las armas se están llevando a la realidad.
El proceso avanza al mismo ritmo que se acrecienta la polarización y el enfrentamiento político. La gestión del postconflicto sólo podrá comenzar si el Gobierno de Juan Manuel Santos logra convencer al pueblo colombiano a través de un plebiscito. Este será el instrumento legal utilizado para que los colombianos decidan si se implementa o no el acuerdo final, para el que será necesaria al menos la participación de un 13% del censo electoral. Es decir, al menos 4,5 millones de votos válidos para aprobar o rechazar los acuerdos de paz de La Habana.
Los defensores del ‘NO’, encabezados por el ex-presidente y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, han comenzado una dura e intensa campaña. Uribe ha hecho de su enfrentamiento con la guerrilla y de sus métodos de combate y represión parte de su sello y de su hoja de servicio. Y parece que su mensaje empieza a calar en una parte de la ciudadanía. De hecho, según una encuesta publicada en varios medios colombianos hace unos días, el ‘NO’ se impondría ahora mismo, con un 50% de apoyos frente al 39% del ‘SI’. Un claro retroceso frente a la tendencia que apuntaba, hace apenas un mes, a un 56% del ‘SI’ frente a un 39% del ‘NO’.
Nueva coyuntura social y económica
Una de las primeras consecuencias que traería un acuerdo refrendado de paz sería el desarrollo de diferentes sectores que han sido afectados por el conflicto armado. En primer lugar, el sector agrícola y ganadero, probablemente el más afectado en el conjunto del país. No en vano, miles de familias campesinas se vieron obligadas a desplazarse a las ciudades para evitar morir en medio de la guerra por los territorios.
Entre los mayores retos está el fomentar entre las nuevas generaciones el deseo de regresar a trabajar al campo, venciendo el miedo que influía en sus padres o abuelos. No cabe duda de que otro factor a tener en cuenta es la necesidad de generar empleos para miles de soldados de la guerrilla, que buscarán reintegrarse a la sociedad a través de un trabajo digno. Una circunstancia que puede tener salida a través de este sector, que enfrenta además el reto de la erradicación de los cultivos ilícitos de los que viven más de 70.000 familias, sustituyéndolos por cultivos legales.
Más allá de todo esto y de la necesidad de curar heridas y de fomentar la cohesión e integración social de colectivos que, hasta ahora, han vivido con recelo y enfrentados, se abre un nuevo panorama económico. Y, sin duda, el turismo será el sector que más se verá beneficiado, reactivándose en muchos lugares del país que antes representaban una amenaza de seguridad para turistas nacionales y extranjeros. No sólo eso, porque el acuerdo por la paz atraerá más turistas y más hoteles al país, aumentando una tendencia creciente desde hace unos años, en los que el gobierno colombiano y muchas de las grandes multinacionales turísticas han ido moviendo ficha.
Cifras de vértigo para un destino emergente
En 2014, Colombia recibió 4.192.742 de visitantes extranjeros no residentes, lo que ubicó al país por encima de la media de crecimiento mundial, según los informes que maneja la Organización Mundial de Turismo (OMT). En 2015, el incremento global de turistas extranjeros fue del 4,4%, afianzando al turismo como uno de los motores de la economía colombiana, cuyos ingresos sólo se ven superados por los relativos a la explotación del petróleo y del carbón.
Este contexto mejorará incluso a corto plazo, ya que se estima que el turismo crecerá dos dígitos en Colombia cuando se firme la paz, logrando crecimientos de más del 30% en el primer año. Unos datos vaticinados por el presidente del país, Juan Manuel Santos, durante la inauguración de la asamblea general de la OMT en septiembre de 2015 en Medellín. Algunas cifras apuntan ya hacia esta tendencia, como en el segmento de los cruceros. En el 2016 el porcentaje de embarcaciones en puertos colombianos creció un 12,7%, pasando de recibir 158.000 viajeros a tener 173.000.
Cartagena, el archipiélago de San Andrés, Santa Marta, la zona cafetera, Medellín, Bogotá, Cali o Barranquilla son algunos de los destinos turísticos más conocidos de Colombia. La capital, Bogotá, se ha posicionado por ejemplo como un importante destino para el turismo de negocios y congresos en el contexto latinoamericano. Sin ir más lejos, según datos de Migración Colombia, en el 2015 ingresaron al conjunto del país 42.990 extranjeros para asistir específicamente a eventos. Esto supuso un 10% más que hace tres años.
Igual de reseñable es el hecho de que Colombia se está posicionando como un importante polo de atracción de la inversión extranjera, principalmente en forma de cadenas hoteleras. De hecho, en la actualidad el país ocupa el puesto 19 en el mundo con mayor atracción de inversión extranjera, un dato que el gobierno nacional se apresura a poner en valor siempre que puede. Desde el año 2010, se han construido 175 hoteles, que suman 20.000 habitaciones y hay confirmados ya otros 50 proyectos de inversiones hoteleras para los próximos años, teniendo en cuenta que son muchas las multinacionales de este sector que están poniendo sus ojos en Colombia tomando posiciones ante esta nueva coyuntura geopolítica.
No se puede obviar el hecho de que los proyectos hoteleros que se empiecen a construir antes de 2017 tendrán importantes exenciones fiscales durante 30 años, algo que sin duda está incentivando aún más este proceso. La conectividad aérea va en aumento también. Aerolíneas como Avianca han aumentado su oferta entre España y Colombia en un 30%. Air Europa, por su parte, ha inaugurado una nueva ruta Madrid-Bogotá con gran afluencia de pasajeros y Copa Airlines acaba de firmar un acuerdo con ProColombia para afianzar los mercados mejicanos y estadounidense en temporada baja.
En esta línea, se prevén una serie de actuaciones en materia de infraestructuras aeroportuarias, para tratar de ir más allá en esta creciente tendencia. Entre esos proyectos, destaca la construcción de un segundo aeropuerto en Bogotá, con un contrato estimado de unos 1.000 millones de dólares (unos 900 millones de euros). También se prevé la ampliación del aeropuerto de Cartagena, para que cuente con capacidad para 11 millones de viajeros, frente a los alrededor de cinco que contabiliza actualmente. Una ampliación para la que, por cierto, se está postulando AENA. Puede que no sea la única, ya que el gobierno colombiano busca empresas españolas para la construcción de otros grandes proyectos de infraestructuras (carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles).
Grandes cifras con grandes contradicciones
Es imposible leer todo esto y no sufrir de vértigo. Grandes cifras, que esconden en muchos casos grandes contradicciones. En el caso concreto de Cartagena, a pesar de su posicionamiento turístico internacional y de atraer grandes cantidades de divisas extranjeras, se trata de una de las ciudades con más pobreza y desigualdades sociales de Colombia. Y no es un caso aislado. Aunque la pobreza porcentual ha bajado, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, al 61,7 % de los colombianos los ingresos apenas les alcanza para subsistir. La diferencia entre el campo y las ciudades, además, sigue siendo abismal. En las zonas rurales, la pobreza cobija a un 40 % de la población. Ciudadanos que no cuentan con el dinero mínimo necesario para adquirir la canasta de bienes alimenticios y no alimenticios.
Las contradicciones no acaban aquí. Según un sondeo en el que participaron 286 periodistas en 16 países de Latinoamérica, seleccionados por ser especialistas y líderes de opinión, Colombia es uno de los países del contexto latinoamericano que mejor panorama económico presenta en 2016. De hecho, gracias a la devaluación del peso, a finales del 2015 el Fondo Monetario Internacional (FMI) situaba a Colombia como la cuarta economía de América latina y el Caribe. Sin embargo, según datos del Banco Mundial actualizados en las mismas fechas, Colombia es el segundo país más desigual de América latina, sólo superado por Honduras.
En Colombia, el 10% de la población más rica del país gana cuatro veces más que el 40% más pobre. Según una investigación de Ana María Ibáñez, decana de Economía de la Universidad de Los Andes, en 2010 un 77,6% de la tierra estaba en manos del 13,7% de los propietarios. Síntomas, en definitiva, de que a pesar de que la pobreza haya caído en puntos porcentuales desde 2002 en adelante, la desigualdad se mantiene constante. Por tanto, al hilo de lo anterior, cabe preguntarse a quién y de qué manera está beneficiando todo este auge económico.
Turismo y paz
Los grandes indicadores “oficiales” que miden la buena salud del turismo a escala internacional se mueven por intereses desarrollistas y cuantitativos. En la medida en que lleguen más y más turistas, se construyan más y mejores hoteles, con grandes y ostentosas infraestructuras, pensadas en las necesidades de los visitantes y no de la población local, el panorama será bueno. La verdadera vara de medir debería incidir en qué porcentaje de los beneficios que se generan con la actividad turística se quedan en el país, redundando en la mejora de la calidad de vida y las condiciones laborales y socioeconómicas de sus habitantes.
Esa es parte de la filosofía fundamental y del deber de cualquier modelo de turismo sostenible proyectado a largo plazo. Colombia está ante uno de sus mayores retos como país con el final del conflicto armado con las FARC. Vive, además, en una olla turística en plena ebullición, que promete ir a más en el corto plazo. El turismo, en este contexto, podría ser la punta de lanza para dinamizar zonas rurales aisladas y deprimidas, generando nuevas oportunidades para sus habitantes. Un contexto en el que se podrían tender puentes con los visitantes, rompiendo estereotipos.
Algunas líneas de trabajo apuntan en esta dirección, como el proyecto piloto impulsado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), que ha identificado como referencia cuatro regiones (Urabá-Darién, Putumayo, Meta y Santa Marta), al objeto de incluir la dimensión del binomio turismo y paz en el plan de desarrollo turístico nacional vigente. Justamente en una de estas regiones, la del Urabá Darién (municipio de Necoclí, Antioquía) se celebra el 25, 26 y 27 de septiembre, con motivo del Día Internacional del Turismo, el I Festival de Sabores, Sonidos y Saberes.
Una cita, organizada por la red Comuni-tur en el Centro Ecoturístico y Arqueológico El Carlos, que propone un encuentro donde la música, la gastronomía, los proyectos comunitarios con relación al turismo, las artesanías y otros saberes podrán tener un espacio de intercambio para el fortalecimiento y la promoción de los proyectos de vida de todos los participantes. Este intercambio espera crear nuevas formas de hacer y pensar, para fortalecer la identidad y la confianza, aportando en el desarrollo sostenible, el alivio de la pobreza y la construcción de la paz en Colombia y en el mundo a partir del turismo.
Iniciativas aisladas que, de momento, se abren hueco en medio de la vorágine turística desarrollista en la que anda inmerso el país. Ejemplos como el de Pijao, en el eje cafetero. Primera ciudad acreditada en América Latina dentro del movimiento internacional Cittaslow y que está haciendo una apuesta decidida por un modelo de turismo sostenible. En el Páramo de Santurbán, en la provincia de Bucaramanga, se ha desarrollado del mismo modo un proceso participativo con la ciudadanía para elaborar un Plan de Turismo Sostenible y Comunitario, que genere alternativas socioeconómicas para sus habitantes frente a las amenazas sociales y medioambientales de la megaminería.
En ambos casos, hablamos de áreas que hasta hace no mucho tiempo también estaban directamente afectadas por el conflicto armado. Hoy vislumbran nuevas oportunidades a través de modelos de turismo gestionados por la población local, a pequeña escala, inclusivos, dinamizadores de otros sectores productivos y en equilibrio medioambiental y sociocultural. Una puerta abierta hacia otro camino a transitar, probablemente más largo y difícil, pero que podría abrir un alentador panorama. Sobre todo para combatir las desigualdades sociales del país, en un marco de paz y especialmente en el medio rural. Empujemos para que así sea.